La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el robo de cableado de cobre en distintas zonas de España, incluyendo Zamora, donde se han esclarecido varios de los más de 30 robos cometidos. La operación, bautizada como «COARIZA-GAROFARO», ha concluido con 42 personas implicadas: 19 detenidas y 23 investigadas en las provincias de Jaén, Valladolid, Córdoba y Granada.
Una investigación coordinada y de largo alcance
La investigación comenzó en febrero de 2025, impulsada por los equipos ROCA de las comandancias de Jaén y Valladolid, tras descubrirse un gran vertido de fundas de cable en Úbeda (Jaén) y la interceptación de tres vehículos con más de 5.000 kilos de cobre robado.
El grupo operaba desde la provincia de Córdoba y contaba con una estructura perfectamente organizada. Alquilaban furgonetas por 24 o 48 horas para desplazarse por el país, donde recogían el material sustraído por otros miembros de la red, llegando a recorrer más de 1.000 kilómetros diarios.
Zamora y otras provincias en el mapa delictivo
Durante la operación, la Guardia Civil ha esclarecido robos cometidos en las provincias de Zamora, Jaén, Valladolid, La Coruña, Ávila, Segovia, Zaragoza, Soria y León. En total, se han documentado 34 delitos de robo con fuerza y contra el patrimonio, además de delitos contra el medio ambiente por el vertido ilegal de residuos de cobre.
Infraestructura para procesar el cobre y burlar los controles
Los agentes descubrieron que la banda contaba con una finca en Úbeda con infraestructura para pelar y procesar el cobre, separando las fundas del cableado para eliminar toda traza de su origen. El material era posteriormente vendido a una empresa de reciclado en Granada, que lo procesaba sin registrar su entrada, para su distribución a nivel nacional e internacional.
Durante los registros se han intervenido más de 8.200 kilos de cobre sustraído, herramientas utilizadas en los robos y maquinaria especializada para su preparación.
Un grave daño a servicios esenciales
Este tipo de delitos tiene un fuerte impacto en infraestructuras críticas como redes de telecomunicaciones, electricidad y transporte. La operación forma parte del Plan Nacional contra el Robo de Cobre, que busca prevenir, detectar y perseguir este tipo de delitos de forma coordinada.
