La Guardia Civil ha abierto una investigación a una persona por la muerte por electrocución de nueve aves protegidas en Madridanos (Zamora), debido a la falta de medidas de protección en una línea de alta tensión. Entre las víctimas se encuentran dos ejemplares en peligro de extinción: un Águila Imperial (Aquila adalberti) y un Milano Real (Milvus milvus).
Hallazgo de las aves y actuación del SEPRONA
El 23 de julio de 2024, agentes del SEPRONA de la Guardia Civil, en colaboración con Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León, localizaron cinco aves muertas, entre ellas un buitre leonado, un busardo ratonero, un Águila Imperial y dos cuervos. Las evidencias apuntaban a la electrocución como causa de la muerte, por lo que se inició una inspección detallada del tendido eléctrico.
Durante la investigación, se hallaron otros cuatro cadáveres de aves en las cercanías de la línea eléctrica. Los restos fueron trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid, donde se confirmó la electrocución como causa del fallecimiento.
Investigación y responsabilidades
La línea de alta tensión en cuestión carecía de las medidas de protección exigidas por el Real Decreto 1432/2008, lo que incrementaba el riesgo de colisión y electrocución para las aves. Tras identificar al responsable del tendido eléctrico y recopilar los informes periciales, la Guardia Civil procedió, el 7 de febrero de 2025, a la investigación de una persona por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como por la muerte de especies protegidas. La información ha sido remitida al Juzgado de Guardia de Zamora y a la Fiscalía de Medio Ambiente.
Un problema medioambiental grave
Cada año, miles de aves mueren en España por electrocución o colisión con tendidos eléctricos, lo que constituye una de las principales amenazas para especies en peligro. La Guardia Civil mantiene operativos especiales para la protección de la avifauna y la investigación de estos casos. Además, la reforma del Código Penal de 2015 contempla estos hechos como delitos contra los recursos naturales y la fauna, con sanciones severas para los responsables.
Con esta investigación, las autoridades buscan no solo depurar responsabilidades, sino también concienciar sobre la necesidad de adaptar las infraestructuras eléctricas a la normativa vigente para minimizar el impacto ambiental.
