El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y los presidentes y representantes de las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León han suscrito, en el Centro e-LEA de la localidad vallisoletana de Urueña, un Protocolo General de Actuación para solucionar la depuración de las aguas en los núcleos con población inferior a 500 habitantes equivales. Se trata de determinar el esquema básico de colaboración entre la Comunidad y las diputaciones para facilitar el establecimiento de un marco estable de actuación a futuro, que garantice el cumplimiento de las exigencias normativas en materia de depuración de aguas residuales urbanas, en las localidades con población inferior a 500 habitantes equivalentes, ejecutando las infraestructuras precisas y garantizando su correcto mantenimiento y explotación.
En estos momentos, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, mediante el Protocolo de Colaboración entre las administraciones, disponen ya de un mapa de actuaciones en municipios con poblaciones entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes cuyas obras cuentan con una financiación comprometida que supera los 11,5 millones. Será ahora cuando se realice un nuevo mapa para incluir a los municipios de menos de 500 habitantes.
En concreto, el mapa actual de la depuración de las aguas en la provincia de Zamora es de un total de 20 actuaciones, de las cuales 3 proyectos están acabados en Alcañices, Castrogonzalo y Villamor de los Escuderos; 5 están en fase de ejecución en La Bóveda de Toro, Fuentes de Ropel, Montamarta, El Perdigón y Santibáñez de Vidriales; otras 9 obras están adjudicadas en Fuentelapeña, Quiruelas de Vidriales, Corrales del Vino, Ferreras de Abajo, Morales del Rey, Villabuena del Puente, Bermillo de Sayago, Carbajales de Alba y Villamayor de Campos; y, finalmente, 3 en fase de redacción de proyectos para las localidades de Camarzana de Tera, Manganeses de la Polvorosa y Vezdemarbán.
Plan piloto para 9 localidades de Zamora
Además, el Plan piloto para la depuración de aguas residuales en municipios de menos de 500 habitantes y equivalentes en la provincia de Zamora ha comenzado ya con la contratación de la redacción de los proyectos de las obras en las poblaciones de Aspariegos, Cañizo, Mayalde, Moraleja de Sayago, Santa Clara de Avedillo, Cibanal, Villalobos, Valdescorriel y Pobladura de Aliste con una inversión inicial estimada en 875.000 euros. El objetivo de las actuaciones impulsadas por la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial y Ayuntamientos beneficiarios es alcanzar cero vertidos sin depurar en la provincia zamorana.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), acomete el diseño y ejecución de las obras de infraestructuras de depuración de aguas residuales urbanas en las mencionadas nueve localidades con menos de 500 habitantes equivalentes en la provincia de Zamora. Todas ellas han sido elegidas debido a que su autorización de vertido se encuentra revocada por la Confederación Hidrográfica.
Las obras para construcción de las infraestructuras del tratamiento de aguas residuales en municipios de menos de 500 habitantes equivalentes cuentan con una inversión del 40% por parte de la Junta de Castilla y León; la Diputación Provincial de Zamora, que financia otro 40% del presupuesto; y los correspondientes Ayuntamientos beneficiarios, que colaboran con el 20% restante. Estas actuaciones suponen aunar en el esfuerzo de las tres administraciones con el fin de alcanzar cero vertidos sin depurar en la provincia zamorana.
Más de 1.000 localidades a depurar con una inversión de 125 millones de euros
Se trata de más de 1.000 localidades que, según las confederaciones hidrográficas, no tienen un vertido adecuado a la normativa europea y estatal vigente,
Este programa medioambiental beneficiará a más de 250.000 personas y supondrá la movilización de inversiones en torno a los 125 millones de euros (sin IVA), de los que el 40 % será aportado por la Junta, otro 40 % por las diputaciones y el 20 % restante por los ayuntamientos respectivos.
La Junta, además, ayudará a las administraciones locales que lo soliciten, financiando su aportación a 10 años en el caso de las diputaciones provinciales, y a 25 años en el caso de los ayuntamientos, con el objetivo de mitigar el esfuerzo presupuestario a las administraciones locales.
“Si bien se trata de una inversión similar al del tramo anterior, en torno a 125 millones, la ejecución abarca un número muchísimo mayor de infraestructuras, lo que exigirá multiplicar el esfuerzo de gestión y colaboración institucional entre todos los partícipes”, precisó el consejero de Medio Ambiente.
Al amparo de este protocolo se creará un grupo de trabajo técnico entre la Junta y las diputaciones para poder concretar y programar la ejecución de las infraestructuras e instalaciones de depuración que resulten necesarias. Este grupo deberá proponer el programa de actuaciones, comunicar a los municipios los resultados de las evaluaciones correspondientes a su ámbito, y valorar cuál es la solución técnica más idónea para cada localidad o grupo de localidades en función de las características concretas y de acuerdo con los criterios establecidos.
La elección de cada sistema de depuración se basará en la experiencia acumulada por parte de los Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León en actuaciones proyectadas y ejecutadas en aglomeraciones similares en la Comunidad, así como en el Manual de Depuración de Pequeñas Localidades.
Los sistemas de depuración propuestos perseguirán, además de la depuración correcta de las aguas y, consecuentemente, la conservación de los cauces receptores, que el coste de mantenimiento de las instalaciones sea mínimo y siempre asumible para los escasos recursos económicos de los que disponen las entidades locales.
Como en el anterior programa de depuración de 500 a 2.000 habitantes equivalentes, la Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Somacyl, en este tramo de menos de 500 habitantes equivalentes, también ejecutará las actuaciones y se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.
En desarrollo el programa de depuración de 500 a 2.000 habitantes equivalentes
El 9 de octubre de 2020, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firmó el Protocolo general de actuación entre la Comunidad y las nueve diputaciones provinciales para promover el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en los municipios con población entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes.
Este programa abarca un total de 250 localidades con una dotación financiera de 125 millones de euros (40 % aporta la Junta, 40 % las diputaciones y 20 % los ayuntamientos beneficiarios), encontrándose en este momento en pleno desarrollo: 3 depuradoras en explotación, 65 obras en ejecución, 13 en fase de licitación, 45 localidades con proyectos redactados pendientes de la firma del convenio correspondiente, 89 proyectos en redacción y el resto de actuaciones en análisis previos. Actuaciones ejecutadas por la empresa pública Somacyl, que se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.
