La formación política Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para exigir de forma inmediata que la administración autonómica auxilie a las entidades locales en la aplicación de la normativa estatal sobre mascotas y fauna urbana. La primera frase del documento parlamentario expone con contundencia que la Ley de bienestar animal está provocando un grave conflicto económico en los ayuntamientos de menor tamaño de la provincia de Zamora, los cuales carecen por completo de recursos técnicos y presupuestarios para asumir las nuevas competencias de protección y control de fauna. Los procuradores leonesistas recuerdan que el propio texto legal abre la puerta a que las comunidades autónomas asuman estas tareas de manera subsidiaria o las deleguen formalmente en las instituciones provinciales.
El problema rural: Sin dinero ni veterinarios de urgencia 24 horas
El fondo del problema radica en el artículo 22 de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Esta legislación obliga a todos los consistorios, sin importar su número de habitantes, a disponer de un servicio de urgencia permanente para la recogida y atención veterinaria de ejemplares extraviados y abandonados.
Para localidades que cuentan en su gran mayoría con presupuestos municipales diminutos y plantillas de personal bajo mínimos, sostener este servicio resulta materialmente imposible.
Las exigencias insostenibles de la normativa estatal
Las nuevas obligaciones que ahogan la gestión diaria de los alcaldes rurales de la zona incluyen:
- Atención veterinaria obligatoria: Disponer de convenios o servicios de urgencia médica para animales las 24 horas del día.
- Centros de acogida homologados: Alojar a las mascotas desamparadas en instalaciones que cumplan estrictamente con los nuevos estándares de protección.
- Control de fauna urbana: Gestionar de forma no letal las poblaciones de animales vagabundos o colonias felinas en los cascos urbanos.
- Casos de vulnerabilidad: Hacerse cargo de los animales cuyos dueños no puedan atenderlos por situaciones de exclusión social.
La alternativa legal que propone UPL ante las Cortes
Desde la delegación de Unión del Pueblo Leonés se ha instado formalmente al Gobierno regional a que deje de mirar hacia otro lado y aplique los mecanismos de flexibilidad que la propia ley estatal contempla. La propuesta se fundamenta en que, ante la ausencia de una normativa autonómica específica en Castilla y León, la responsabilidad recae de forma automática y exclusiva sobre los ayuntamientos.
Los leonesistas recuerdan que el artículo 22.4 de la ley estatal determina que la gestión corresponderá a la Administración local «en ausencia de otra previsión en la legislación autonómica», pero aclara que podrá competer, «subsidiariamente, a la autonómica». Por ello, el partido pide la creación urgente de un órgano o red autonómica que centralice estas competencias en el medio rural.
«No se puede cargar a los ayuntamientos con funciones que no pueden asumir por no contar con los medios necesarios, debiendo asumir dichas funciones administraciones que sí los posean para poder garantizar los derechos y el cumplimiento de la ley», argumentan firmemente desde UPL.
Una reforma legislativa para delegar en las Diputaciones
Para solucionar el vacío normativo que sufre la comunidad, la formación reclama a la Junta el desarrollo de una ley autonómica propia que derive estas competencias de manera directa a las corporaciones provinciales. Los municipios de la comarca precisan que la Diputación de Zamora actúe como red de seguridad mediante mancomunidades o servicios provinciales unificados.
El texto de la ley nacional especifica con claridad que, bajo los términos que fije cada autonomía, se podrá trasladar esta competencia a las agrupaciones de municipios o a las diputaciones. De lograrse este cambio normativo, se aliviaría la presión financiera sobre las arcas de los pequeños pueblos y, al mismo tiempo, se garantizaría una estructura profesional y eficiente para salvaguardar el bienestar de los animales abandonados en el territorio provincial.
