
El Ayuntamiento de Benavente ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A.U. (EYSA), adjudicataria del contrato para el suministro de cámaras de videovigilancia con reconocimiento de matrículas. Esta medida responde al incumplimiento parcial de las prescripciones técnicas del contrato, en concreto, al no permitir que nuevas cámaras adquiridas posteriormente pudieran integrarse en el sistema de gestión de multas del municipio.
Un sistema cerrado y poco compatible
En el año 2022, el Ayuntamiento, con el anterior equipo de gobierno a la cabeza, formalizó un contrato, con el objetivo de desplegar una red de cámaras para el control del tráfico, conectadas al Centro de Control de Seguridad (CCS) situado en la sede de la Policía Local. Según el pliego técnico, el sistema debía ser modular, escalable y abierto, permitiendo la incorporación futura de nuevas cámaras sin costes adicionales en licencias.
Sin embargo, una vez instaladas nuevas cámaras de la segunda fase de este proyecto en 2023 por la empresa Ingeniería Gallega de Telecomunicaciones, se constató que no podían integrarse con el software suministrado inicialmente por la primera empresa adjudicataria. El sistema proporcionado solo era compatible con las cámaras originales, lo cual contradice tanto el contrato como la oferta técnica presentada por la empresa adjudicataria.
Requerimientos ignorados por la adjudicataria
Tras detectarse esta incompatibilidad, el Ayuntamiento requirió formalmente a EYSA en octubre de 2024 para que subsanara los fallos. Pese a que la notificación fue aceptada por la empresa, esta no se ha puesto en contacto con el responsable del contrato ni ha atendido al requerimiento.
Por ello, se concluye que la empresa incumplió el contrato, al impedir la integración de cámaras IP estándar en el sistema de gestión de multas. Por ello, el Ayuntamiento ha estimado unos daños valorados en unos 15.000 €, como ha explicado Jose Manuel Salvador, concejal de Seguridad Ciudadana, a Benavente Digital. Este error obliga al Ayuntamiento de Benavente a asumir un coste adicional de 15.457,75 euros, cantidad necesaria para desarrollar un software que permita la compatibilidad universal.
Desde el Ayuntamiento han declarado que, «en el presupuesto del año 2025, han habilitado una partida para pagar el software nuevo y que todas las cámaras funcionen con el mismo, ya que la empresa no lo ha hecho«.
«Con esto dejaremos por fin de estar atados a la empresa», explicó el edil.
Inicia el procedimiento sancionador
Ante estos hechos, el Ayuntamiento ha decidido iniciar un procedimiento administrativo para imponer penalizaciones a EYSA por el incumplimiento parcial del contrato. Se propone una sanción económica equivalente al perjuicio causado, además de la incautación de la garantía definitiva del contrato.
Asimismo, se ha abierto un trámite de audiencia de diez días para que la empresa y su avalista puedan presentar alegaciones. En caso de oposición por parte del contratista, el expediente será remitido al órgano consultivo de la Comunidad Autónoma para la emisión del dictamen correspondiente.