
Hace unas semanas hablábamos con los hosteleros de la ciudad sobre la posible aplicación de esta ley. Hoy, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva Ley de Alcohol y Menores. Esta normativa endurece las restricciones a la venta, publicidad y consumo de alcohol entre los jóvenes. Con esta iniciativa, el Ministerio de Sanidad busca reducir el acceso y la exposición de los menores a las bebidas alcohólicas, estableciendo controles más estrictos en diferentes ámbitos.
Nuevas medidas para frenar el consumo juvenil
La nueva normativa obliga a las máquinas expendedoras a contar con sistemas de verificación de edad similares a los utilizados en las de tabaco. Además, permite a las fuerzas de seguridad realizar pruebas de alcoholemia en lugares donde el consumo esté prohibido. También se prohíbe el consumo de alcohol en centros educativos, salvo universidades, en residencias de estudiantes con menores, en espacios deportivos y en espectáculos destinados a jóvenes.
Prohibición de la publicidad y restricciones en hostelería
La ley establece una prohibición total de la publicidad de bebidas alcohólicas en entornos frecuentados por menores, como parques, centros sanitarios y espacios de ocio infantil. Además, se veta el uso de mobiliario de hostelería con referencias a marcas de alcohol, incluyendo mesas, sillas, sombrillas y servilleteros. La normativa también restringe la publicidad indirecta y prohíbe la utilización de menores de 21 años o figuras influyentes en anuncios.
Un problema urgente el consumo de alcohol entre adolescentes
El consumo de alcohol en menores sigue siendo un problema grave en España. Según la encuesta ESTUDES 2023, el 75,9% de los estudiantes de 14 a 18 años ha bebido alguna vez, el 73,6% lo hizo en el último año y el 56,6% en el último mes.
El objetivo del Gobierno con esta ley es reducir estas cifras y modificar la percepción del alcohol en la sociedad. Apostan por la prevención y la sensibilización como vía principal en lugar de centrarse exclusivamente en las sanciones.
Esta normativa supone un avance significativo en la regulación del consumo de alcohol en España. Por consiguiente, marca un punto de inflexión en la protección de los menores frente a esta sustancia.