Este martes 1 de julio arranca una huelga de tres días convocada por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales en España, como protesta contra las reformas anunciadas por el Gobierno para el acceso a las carreras judicial y fiscal. Solo dos asociaciones, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), no se suman al paro.
Los convocantes consideran que estas reformas ponen en riesgo la independencia de los jueces y fiscales y, en consecuencia, el Estado de Derecho. Alertan, entre otras cosas, del riesgo de una “selección ideológica” en el nombramiento de nuevos jueces y fiscales, y de que las pruebas de acceso se vuelvan menos objetivas y más subjetivas.
Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, defiende que las reformas son “imprescindibles” para modernizar la Justicia, y asegura que los temores de los jueces y fiscales son infundados. Además, invita a las asociaciones a participar en la mejora del proyecto durante su trámite parlamentario.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha señalado que los jueces no tienen derecho legal a hacer huelga, y que no reconoce la convocatoria ni establecerá servicios mínimos. Sin embargo, no se prevén sanciones para quienes participen.
Las asociaciones, en cambio, defienden el derecho de huelga como un derecho fundamental y han establecido servicios mínimos para garantizar la atención a la ciudadanía durante estos días.
Esta es la sexta huelga de jueces y fiscales en España desde 2009, y todo indica que, dependiendo de la respuesta del Gobierno y el Parlamento, podrían tomar más medidas si no se retiran las reformas.
