La Fiscalía Provincial de Zamora ha archivado las diligencias de investigación penal en base a las denuncias presentadas por un grupo de ocho bomberos profesionales contra el presidente de la mancomunidad Tierras de Aliste, así como el secretario de la agrupación de municipios y el encargado del parque de bomberos acusándolos de la posible comisión de delitos de falsedad documental, de usurpación de funciones y de intrusismo profesional en la expedición de cursos de bomberos que no fueron impartidos y que podrían haber sido utlizados por otros bomberos del Consorcio para mejorar así la puntuación en las Bolsas de Empleo.
La Fiscal Jefe Provincial archiva las diligencias «por no deducirse de la investigación practicada indicios suficientes de comisión de hechos constitutivos de ílicito penal», según el Decreto al que ha tenido acceso este diario.
Ante este archivo de la Fiscalía Provincial desde la mancomunidad Tierras de Aliste se van a emprender acciones judiciales contra los denunciantes y contra un medio que no quiso retractarse ante las declaraciones vertidas. Todo ello, según han explicado a Benavente digital y Tvbenavente desde la mancomunidad,» para salvar el honor y defender la verdad del secretario de esta agrupación supramunicipal, del presidente y de los propios bomberos».
Los hechos se remontan al escrito de denuncia con fecha 30 de noviembre de 2020 que tuvo entrada en la Fiscalía Provincial de Zamora. En la denuncia de los ocho bomberos se aduce que en octubre de 2020 se puso en funcionamiento el parque de Bomberos de la mancomunidad Tierras de Aliste y poco después se entregaron cinco títulos a bomberos voluntarios del parque.
En la denuncia ante la Fiscalía se aduce que los títulos de formación fueron expedidos en el año 2010 y como mínimo seis cursos no fueron impartidos, pudiendo haber sido utilizados por otros bomberos del Consorcio para así mejorar la puntuación en las Bolsas de Empleo en los años 2012, 2015 y 2019.
«No existen elementos de prueba de que se haya procedido a dictar, a sabiendas, resolución injusta ni que se hayan realizado actos de contratación pública, con el fin de defraudar a un ente público, ya que no se tiene constancia de que se haya producido lucro alguno, en base al informe policial». Del mismo modo, el argumentario de la Fiscalía aduce que no puede sostenerse la comisión del delito puesto que los títulos que se denuncian no son títulos académicos ni oficiales, sino certificados o diplomas que acreditan la asistencia a una actividad.
Sobre el posible delito de falsedad documental «no queda suficientemente acreditado que los certificados o títulos de cursos expedidos en el año 2010, no se correspondan a actividades de formación realmente practicadas». En el decreto de archivo de diligencias se aduce que cualquier actividad ilícita penalmente estaría prescrita a fecha de la interposición de la denuncia, habiéndose producido la extinción de la responsabilidad criminal.
