Carmen Palmero Font, heredera de una casa familiar en Morales de Rey que ha pasado por cinco generaciones, relata cómo comenzó la pesadilla de la ocupación de su vivienda. En septiembre de 2020, en plena pandemia, decidió alquilar la casa a una persona con arraigo local. Debido a las restricciones, no pudo visitar ni conocer bien al inquilino, confiando en que respetaría el hogar familiar.
Incumplimientos y dificultades legales
Desde el principio, la persona incumplió el contrato: no realizó las mejoras acordadas ni cumplió con los pagos. La pandemia complicó la supervisión, y no fue hasta 2022 cuando la familia pudo comprobar el estado real de la vivienda. Ante la falta de respuesta, iniciaron comunicaciones formales y acciones legales que culminaron en octubre de 2023 con una vista en el juzgado de paz, donde Carmen vivió momentos de miedo y ansiedad.
El desalojo y el daño irreparable
Este pasado jueves, 22 de mayo, tras una sentencia judicial, la vivienda fue desalojada con ayuda de las fuerzas de seguridad. Carmen describe un escenario devastador: paredes derribadas, puertas y ventanas rotas, mobiliario destruido y un grave estado de insalubridad que compromete la seguridad de la casa. La pérdida económica es incalculable, pero para Carmen, lo más doloroso es el daño a un legado familiar lleno de recuerdos.
Un llamado a la solidaridad y a la reflexión
Carmen y su familia buscan la colaboración de vecinos para restaurar la casa y devolverle su dignidad. Además, lanzan un mensaje de empatía para quienes están en situaciones similares, denunciando la lentitud y las dificultades del sistema legal para desalojar ocupantes que incumplen contratos. A pesar del dolor, Carmen quiere transformar esta experiencia en una oportunidad para revitalizar Morales, soñando con convertir la casa en un hotel rural que honre la memoria familiar y la comunidad.
«No busco odio, sino conciencia social»
Con lágrimas y voz entrecortada, Carmen aclara que su intención no es generar rechazo hacia la persona ocupante, sino alertar sobre el impacto que estas situaciones tienen en familias y pueblos, esperando que la sociedad comprenda la urgencia de reformar las leyes para proteger el derecho a la propiedad y la seguridad de los hogares.
