Rosa María Herrero reelegida presidenta de CSIF Zamora con una ejecutiva renovada

La nueva dirección de CSIF Zamora se marca como meta consolidar el papel del sindicato y defender una mejor retribución para empleados públicos en Castilla y León

Rosa María Herrero ha sido reelegida como presidenta de CSIF Zamora, consolidando su liderazgo con el respaldo de los compromisarios en el IX Congreso Provincial del sindicato, celebrado en el Hotel Convento de Coreses. Este nuevo mandato, el cuarto para Herrero, se presenta con una ejecutiva renovada y rejuvenecida, un equipo dispuesto a enfrentar los retos del sector y promover los derechos de los trabajadores de la provincia.

Una ejecutiva joven y comprometida para una nueva era en CSIF Zamora

La reelección de Herrero como presidenta llega con un equipo renovado tras las recientes jubilaciones en el sindicato. Esta nueva generación aporta entusiasmo y compromiso para afrontar los desafíos actuales en el sector laboral. Según Herrero, la nueva ejecutiva refleja el compromiso de CSIF con el futuro de los trabajadores del sector público y privado de la provincia. “Nuestro objetivo prioritario es consolidar el papel de CSIF como un agente social influyente y mantener una fuerte presencia en todas las mesas de negociación”, destacó la presidenta.

Herrero subrayó que en los últimos cuatro años, CSIF ha experimentado un crecimiento del 23,5% en Zamora, con una afiliación que supera los 1.500 miembros, lo que demuestra la confianza de los trabajadores en el sindicato. Para ella, estos resultados son una muestra del papel fundamental de CSIF en la defensa de los servicios públicos de calidad y del empleo estable.

IX Congreso Provincial CSIF Zamora

Nuevas propuestas para los próximos cuatro años

Entre los proyectos más destacados para este mandato, Rosa María Herrero anunció la creación de un gabinete psicosocial en Zamora, dirigido por un psicólogo y un psiquiatra, que brindará apoyo a los afiliados en momentos difíciles. Este gabinete será el primero de su tipo en Castilla y León, y representa una apuesta por el bienestar integral de los trabajadores en la provincia.

Además, la nueva dirección de CSIF se compromete a seguir reivindicando mejoras salariales y condiciones laborales para los empleados públicos. Se centrará en recuperar derechos pendientes, como la implementación de la carrera profesional para aquellos sectores que aún no la tienen y el aumento de las ofertas de empleo público sin restricciones de tasa de reposición.

Exigen a la Junta negociar la subida salarial para empleados públicos

A nivel autonómico, el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha lanzado un llamado urgente a la Junta de Castilla y León para que convoque la Mesa General de los Empleados Públicos con el fin de negociar una subida salarial. Esta petición se produce luego de que el consejero de Economía y Hacienda confirmara que “hay holgura en el presupuesto de 2025” para abordar esta mejora salarial.

Castro ha señalado que es hora de que el Gobierno autonómico equipare salarialmente a los trabajadores de Castilla y León con los de otras comunidades, quienes son responsables de sostener la calidad de los servicios públicos de la región. “No olvidemos que estos profesionales son quienes permiten que la Junta se destaque en rankings nacionales e internacionales en áreas como Sanidad y Educación”, enfatizó Castro.

Movilización a nivel nacional por los derechos laborales

En el cierre del congreso provincial, Eva Fernández Urbón, secretaria nacional de Igualdad y Responsabilidad Social de CSIF, llamó a la movilización nacional en noviembre y diciembre para exigir un nuevo acuerdo salarial. Las manifestaciones previstas buscan también asegurar la jornada de 35 horas y la equiparación salarial entre distintas administraciones, además de mejoras en las condiciones de jubilación.

Fernández Urbón destacó la urgencia de resolver la desigualdad retributiva en Castilla y León, donde los empleados públicos pueden cobrar hasta 8.000 euros menos que sus homólogos en otras regiones. Este plan de equiparación salarial en un plazo de tres años es, según Urbón, esencial para acabar con la discriminación económica entre los trabajadores de distintas administraciones.

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