El PSOE ha registrado una nueva proposición de ley en el Congreso que propone limitar la acusación popular en los procedimientos judiciales y suprimir el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. La iniciativa, denominada Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, fue anunciada por el portavoz socialista Patxi López, quien destacó que su objetivo es evitar los abusos en el uso de la acusación popular por parte de grupos con intereses políticos.
Uno de los puntos clave de la reforma es que la acusación popular quedaría restringida a la fase de juicio y a la presentación inicial de la querella, de manera que la instrucción del caso quede a cargo de la Fiscalía y las víctimas directas del delito. López argumentó que esto evitaría la politización de los procedimientos judiciales y reduciría las filtraciones mediáticas interesadas por parte de quienes buscan protagonismo en los casos.
La proposición también plantea que partidos políticos, asociaciones y fundaciones vinculadas a estos no puedan ejercer la acusación popular, y propone inadmitir querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo que establece que no se debe abrir un proceso penal sin indicios sólidos de irregularidades.
Otro punto importante de la propuesta es la eliminación del artículo 525 del Código Penal, que penaliza las ofensas contra los sentimientos religiosos. El PSOE argumenta que esta figura ha sido utilizada para perseguir a artistas y activistas sin justificación. Sin embargo, aclaran que los ataques motivados por razones religiosas seguirían siendo punibles, ya sea como injurias o en los casos de delitos de odio.
La ley también introduce una reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para permitir la recusación de jueces que hayan realizado manifestaciones políticas que puedan comprometer su imparcialidad en un juicio.
Esta iniciativa ha sido recibida con críticas por parte de diversas asociaciones de jueces, que consideran que la propuesta limita la acción popular y puede poner en riesgo la independencia del sistema judicial. Sin embargo, el PSOE defiende que se trata de una medida necesaria para garantizar los derechos fundamentales y la imparcialidad judicial.
La nueva ley del PSOE afectará a las acusaciones populares en casos como el de Begoña Gómez
La proposición de ley registrada por el PSOE para reformar la acusación popular afectará a varios procedimientos judiciales en curso, incluidos los casos de Begoña Gómez, Koldo y el fiscal general del Estado (FGE). Con la entrada en vigor de la ley, las acusaciones populares en estos casos, como las de Vox, PP e Iustitia Europa, quedarán fuera de la fase de instrucción, ya que solo podrán intervenir en la fase de juicio, siempre que exista un vínculo directo con el caso.
Además, partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos no podrán ejercer la acusación popular. En el caso de Begoña Gómez, por ejemplo, las acusaciones de Vox serán expulsadas, y otras organizaciones deberán acreditar un vínculo relevante con el caso para continuar.
