El Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha firmado un protocolo sobre accesibilidad que marca «un hito significativo» al establecer «una colaboración efectiva» entre la Junta y las entidades sin ánimo de lucro del Tercer Sector.
El protocolo tiene como objetivo «impulsar las condiciones de accesibilidad universal en la política de vivienda en la Comunidad, especialmente orientada hacia las personas con discapacidad». «La colaboración demuestra la voluntad, interés y disposición de ambas partes para facilitar la autonomía personal y la vida independiente de las personas con discapacidad», recoge la Junta en un comunicado.
«Esta firma es una demostración de colaboración para aunar esfuerzos entre instituciones con una finalidad y un objetivo claro: buscar nuevos modelos para hacer realidad una vida independiente y participativa de las personas con discapacidad en la sociedad actual», ha declarado el consejero.
El proyecto incluye acciones piloto para fomentar servicios enfocados en la vida independiente, apoyos comunitarios y el diseño universal de infraestructuras, productos y servicios. Entre las actividades planificadas se encuentran la adecuación y personalización de viviendas, la promoción de alojamiento inclusivo y la transformación de centros residenciales hacia recursos de apoyo integral y servicios sociosanitarios de proximidad.
Suárez-Quiñones ha destacado la importancia de la legislación vigente que establece la accesibilidad universal como uno de los objetivos clave en las políticas públicas vinculadas a la vivienda. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la Ley del derecho a la vivienda de Castilla y León respaldan el compromiso de la Junta de mejorar la accesibilidad en las viviendas y garantizar la igualdad de trato y oportunidades para las personas con discapacidad.
La Junta ha destinado 63,2 millones desde el año 2013 para mejorar la accesibilidad en las viviendas, eliminando barreras arquitectónicas y promoviendo entornos urbanos accesibles. Hasta el año 2025 está previsto destinar a mayores 41,9 millones más, sumando un total de 105 millones de euros con esta finalidad, detalla la Junta.
En este sentido, la Consejería reitera su compromiso de trabajar en la mejora de las condiciones de accesibilidad, contribuyendo así a la calidad de vida de las personas con discapacidad y su plena integración en la sociedad. Además, agradece a las entidades firmantes por su compromiso y colaboración con el Gobierno de Castilla y León en la ejecución de la política de vivienda.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
El protocolo incluye una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de diferentes partes involucradas, incluyendo la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física de Castilla y León (Predif CYL), la Federación Aspace Castellano Leonesa, la Federación Autismo Castilla y León y la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León (Cocemfe CYL).
Las funciones principales de la Comisión de Seguimiento incluyen velar por el correcto desarrollo y cumplimiento de los objetivos del protocolo, proponer medidas complementarias para mejorar su ejecución y realizar el seguimiento y evaluación de las acciones acordadas. La vigencia del protocolo es de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarse mediante acuerdo expreso de las partes por períodos de igual duración, hasta un máximo de ocho años, concluye la Junta.
