Manteniendo la línea de rigor y protección de los intereses locales marcada desde el inicio, el Consistorio ha contratado a un equipo técnico especializado de la Universidad de Sevilla para la redacción y presentación de las alegaciones oportunas dentro del periodo de información pública, cuyo plazo límite se extiende hasta el próximo 7 de agosto.
La decisión, que fue aprobada en la sesión plenaria del pasado 3 de agosto, supone la puesta en marcha de un dispositivo técnico de primer nivel compuesto por 15 profesionales con amplia y acreditada experiencia en el análisis de este tipo de instalaciones energéticas. Este grupo de expertos se encuentra ya trabajando a pleno rendimiento en el análisis exhaustivo del expediente.
Deficiencias en el proyecto presentado
Según las primeras conclusiones tras la revisión inicial de la documentación, el equipo de la Universidad de Sevilla ha determinado que el proyecto, en la forma y condiciones en que ha sido planteado por la empresa promotora, no se puede efectuar o resulta inviable a menos que se apliquen correcciones de calado. El análisis preliminar detecta deficiencias sustanciales que justifican la necesidad de articular alegaciones rigurosas y bien fundamentadas.
Desde el entorno municipal se subraya que el objetivo no es oponerse de manera irrazonable al desarrollo, sino garantizar la máxima exigencia: un proyecto serio no es un problema, pero la propuesta actual presenta deficiencias que deben ser subsanadas o corregidas. Por ello, la vía de las alegaciones se erige como la herramienta legal prioritaria para evitar que la planta se instale en las condiciones defectuosas.
El Ayuntamiento, canalizador de las dudas de concejales y particulares
A pesar de que el Ayuntamiento no ostenta competencias para autorizar o denegar la instalación —responsabilidad que recae en la Junta de Castilla y León—, el equipo de gobierno municipal ha asumido un papel activo como canalizador de las inquietudes del municipio.
El informe técnico en elaboración incorporará tanto las observaciones de los concejales de la corporación como las aportaciones e inquietudes manifestadas por los vecinos a título particular. Con esta medida, Castrogonzalo busca centralizar el malestar o las dudas existentes en un documento técnico de máximo rigor académico y legal, garantizando que la postura del pueblo llegue con fuerza y base científica ante los organismos competentes antes del cierre del plazo del día 7.
